El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, es la primera persona en ser afectada por sanciones económicas y de viaje autorizadas por el presidente de EE. UU., Donald Trump, que apuntan al tribunal de crímenes de guerra en investigaciones de ciudadanos estadounidenses o aliados de EE. UU.
Khan, quien es británico, fue nombrado el lunes en un anexo a una orden ejecutiva firmada por Trump la semana pasada. Reuters informó el viernes que Khan había sido designado por Washington.
Las sanciones, que repiten la acción tomada por Trump durante su primer mandato, incluyen la congelación de activos estadounidenses de los designados y les prohíben a ellos y a sus familias visitar Estados Unidos.
La CPI condenó las sanciones el viernes, prometiendo apoyar a su personal y "seguir proporcionando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo, en todas las situaciones que se presenten ante ella".
La respuesta de la CPI a las sanciones de la administración Trump
Los funcionarios judiciales se reunieron en La Haya el viernes para discutir las implicaciones de las sanciones.
La Corte Penal Internacional, que se estableció en 2002, tiene jurisdicción internacional para enjuiciar genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en estados miembros o si una situación es referida por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Según un acuerdo entre las Naciones Unidas y Washington, Khan debería poder viajar regularmente a Nueva York para informar al Consejo de Seguridad de la ONU sobre los casos que este ha referido a la corte en La Haya. El Consejo de Seguridad ha referido las situaciones en Libia y en la región de Darfur en Sudán a la CCI.
"Confiamos en que cualquier restricción tomada contra individuos se implementaría de manera consistente con las obligaciones del país anfitrión según el acuerdo de la sede de la ONU", dijo el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, el viernes.